Volver a Perón – Por: *Raúl Faure

Espero que no se malinterprete. No se trata literalmente de volver a Perón, porque sería volver al atraso.

Con su habitual ingenio y buen humor, Jorge Luis Borges decía que en algunas circunstancias las modificaciones en el lenguaje no tenían otro propósito que ocultar o desfigurar la realidad.

Así, el anciano dejaba de serlo para convertirse en “adulto mayor”; el ciego, en “no vidente”; el discapacitado, en sujeto con capacidades “diferentes”.

El 25 de junio, una parte del país no pudo trabajar porque los gremios decidieron que no se prestaran servicios esenciales. Y porque los “piqueteros” se apropiaron por la fuerza de los espacios públicos.

Siguiendo el método que Borges ridiculizaba –es decir, utilizando giro y expresiones ajenas a la realidad–, millonarios dirigentes sindicales, panelistas, miembros de las bandas que saquearon el país bajo la protección del Estado kirchnerista, dirigentes comunistas que ahora militan junto al peronismo y obispos que deben obediencia al jefe de un Estado extranjero coincidieron en que se trató de un “paro político”.

De esa manera, la extorsión, los atentados contra el orden constitucional y la apología de la violencia criminal dejan de ser delitos para transformarse en “protestas sociales”. Y la sedición (artículo 22 de la Constitución nacional) se convierte en “paro político”.

Los cultores de la violencia y quienes privan a la población de servicios esenciales quieren instalar la idea de que esas son conductas amparadas por la ley, el ejercicio del derecho de huelga y la respuesta a medidas de gobierno que se califican de perjudiciales para el país. Desfiguran la realidad porque no pueden ignorar que el derecho de huelga no es absoluto; que hay derechos a los que la Constitución les otorga un valor mayor, como educación, salud, trabajo, transitar libremente; en fin, los que enumera el artículo 14 de la Constitución, y que la ley no protege la utilización abusiva de ninguna prerrogativa.

Ni el derecho de huelga, ni el salario vital, mínimo y móvil, ni convenciones colectivas, ni estabilidad en el empleo público formaban parte de las “20 verdades justicialistas” ni de los proyectos de gobierno entre 1945 y 1955. Recién en 1953, cuando agonizaba su poder omnímodo, y de mala gana, Juan Perón hizo sancionar la Ley de Convenciones Colectivas. El derecho de huelga fue consagrado por la Constitución de 1957, cuando el expresidente se había dado a la fuga.

Es que Perón aborrecía el desorden. Y, sobre todo, aborrecía las huelgas en los servicios públicos. Por eso dispuso tipificar como delitos contra el orden publico las acciones de quienes los interrumpieran o suprimieran. La Constitución que ordenó sancionar en 1949 (que lo habilitó a perpetuarse en el poder) no incorporó como derecho a la huelga. Sencillamente, como dijo un convencional, porque “la huelga no es un derecho; sólo trae aparejada la anarquía”.

Y jamás permitió que los sindicatos operaran como “estados dentro del Estado”. Fiel a su formación fascista, instaló en el país un gobierno corporativo, o sea cámaras empresarias y asociaciones obreras como simples engranajes de un Estado totalitario conducido por un conductor infalible.

Ahora, bajo el Estado de derecho, la ley nacional 25.877, en protección a derechos constitucionales superiores al derecho de huelga, establecen que, ante medidas de fuerza, los gremios deben prestar servicios mínimos.

Son disposiciones que la autoridad no aplica o no se atreve a aplicar. Impertérritos, el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo consienten de manera irresponsable que los gremios incumplan con sus obligaciones legales y éticas.

Espero que no se malinterprete. No se trata literalmente de volver a Juan Perón, porque sería volver al atraso, a la guerrilla asesina y al terrorismo de Estado, sino demostrar que el actual sindicalismo históricamente se ha comportado como una corporación anti-democrática y antirrepublicana.

Y que fue pieza fundamental en los planes militares “golpistas” que derrocaron a Arturo Frondizi en 1962, a Arturo Illia en 1966, a Isabel Perón en 1976, a Raúl Alfonsín en 1989 y a Fernando de la Rúa en 2001.

Ese mismo nefasto 25 de junio–día del desfile de todos los que pretenden que la Argentina se convierta en un gigantesco soviet–el estrafalario “Pollo” Sobrero propuso: “Hay que derrocar al gobierno”. O sea, no esperar la voz de los comicios democráticos sino hacer justicia por mano propia.

Sobrero debe agradecerle al Altísimo vivir bajo el gobierno presidido por Mauricio Macri. Si en lugar de Macri fuera presidente Perón, este “Pollo” estaría en la tumba. Porque Perón, en agosto de 1955, impuso de “prepo” la pena de muerte: “A la violencia–dijo textualmente–le hemos de contestar con una violencia mayor… y establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento que aquel que intente alterar el orden contra las autoridades constituidas o en contra de la ley y la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino”.

Pero la sociedad, en buena parte anestesiada por la indiferencia, no reaccionó; no con violencia retrógrada, sino siquiera con una repulsa.

Ni los “guapos” dirigentes sindicales del sector público (“guapos” porque gozan de estabilidad absoluta en sus empleos”), ni los partidos políticos que sólo se ocupan de sus irrelevantes “luchas internas”, ni las asociaciones defensoras de algunos derechos humanos (porque para los comunistas, los funcionarios y los republicanos no tienen derechos humanos), ni las universidades, ni las academias han condenado la cobarde actitud de quienes recurren a la violencia para imponer sus intereses.

Estas agresiones, frecuentes en los prolegómenos del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, son las que los historiadores llaman “violencia acumulativa”, esto es, la violencia diaria que persigue el propósito de atemorizar e intimidar a la población para que se resigne a soportar una nueva dictadura.

* El autor es abogado

Fuente: Colaboración para el Portal del Dr. Valeriano Colque

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