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Que cada jurisdicción se haga cargo de la prestación de sus servicios – Por: Valeriano Colque

El déficit fiscal del argentino, es un bache tan estructural y reiterativo en la historia de nuestro país que prácticamente no llama la atención a nadie. Desmesurado. Difícil de afrontar, pero no imposible. En lo que todos coinciden, es en que hay que corregir las distorsiones de manera urgente.

Pero es, en definitiva, la causa de todos los males de nuestro país: el exceso de deuda, la emisión excesiva, la elevada inflación, el atraso cambiario y la pobreza que todavía se mantiene en niveles altos. De los últimos 60 años, el déficit estuvo presente en 55.

A la Argentina le estarían faltando, para funcionar este año, alrededor del 16 % de sus ingresos. Este porcentaje es el equivalente a casi 400.000 millones de pesos.

Pero si a ese déficit le sumamos lo que pagamos de intereses por habernos endeudado para financiar ese 16 % de gasto que ejecutamos sin tener con qué abonarlo, el déficit (financiero, como se lo llama) trepa a casi 650.000 millones de pesos. El equivalente al 6 % del producto interno bruto (PIB).

Ese es el tema en cuestión para el Fondo Monetario Internacional. Es decir, viene a garantizar un crédito eventual a cambio de que la Argentina ordene sus cuentas. Aunque el incremento del dólar “achica” la brecha, porque se necesitan menos dólares para cubrir el déficit, el rojo permanece.

La principal pregunta es si esta vez será posible lograr el equilibrio en el contexto fiscal. Si alcanzará con el susto que los mercados les pegaron a la coalición de gobierno y a toda la dirigencia opositora que paga sueldos todos los meses.

Por las buenas, se ha hecho poco y nada. En el gobierno de Néstor Kirchner, con la soja a 650 dólares y retenciones del 35 %, se alcanzaron los superávit mellizos: fiscal y comercial; pero, como el país estaba en default, no se pagaban los intereses de la deuda. Si se hubiera hecho, el superávit se esfumaba.

Aquí tenemos déficit a pesar de que el Estado tiene cada vez más ingresos; eso es una demostración contundente del fracaso de la política argentina: no importa cuánto le ingresa, nunca le alcanza. Hoy tenemos una enorme presión tributaria, quizá la más grande de la historia y nos endeudamos en 1 cada 5 pesos que gastamos. Pero pese a que le damos cada vez más recursos, el Estado nos da menos educación, menos seguridad, menos justicia y menos infraestructura.

¿Hay chances de que la Argentina ordene sus cuentas? ¿Dónde, cómo y en qué plazos? El gradualismo sin prisa que planteó Mauricio Macri, ¿sigue siendo la única opción desde el pragmatismo político o habrá que acelerar las reformas pendientes, con el costo que eso implique? ¿Pondrá fecha el FMI? ¿La pondrán los inversores?

Cómo gastamos. Primero, hay que entender la estructura del gasto en la Nación: el 39 % de todo lo que la Nación paga, vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), son las jubilaciones y pensiones contributivas que se abonan a los 6,5 millones de pasivos, tanto a los jubilados con aportes de 30 años como a los de moratoria.

A eso hay que agregarle las pensiones no contributivas (que suman otro 4 % del gasto) y que el año pasado, sin éxito, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, intentó recortar. Fue un escándalo. En 2002, había 76.000 y ahora hay 1,8 millones de beneficiarios. Se calcula que hay 300.000 beneficiarios de pensiones y otros subsidios de Desarrollo Social o de Trabajo que tienen inmuebles, autos o viven en barrios cerrados. No se ha hecho el trabajo de hilar finito.

Asimismo, hay que sumarle las asignaciones familiares que paga tanto a los asalariados como la universal por hijo a desempleados, informales y monotributistas. Son 151.000 millones de pesos más los 43.528 millones de subsidios varios, como Progresar, Argentina Trabaja y demás que abonan los Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social.

El Pami tiene un presupuesto de 108.493 millones de pesos, con lo que el gasto en prestaciones sociales alcanza a 1.389 mil millones de pesos, es decir el 56 % de todo.

Hay quienes plantean que ese gasto es inflexible y que no hay chances de tocar algo. Y están los que dicen que sí se puede.

Hay que darle más equidad al sistema y eliminar las ineficiencias de la doble cobertura. Hay 1,2 millones de trabajadores que aportan a un régimen previsional especial o diferencial, lo que significa que se van a jubilar antes o con mayor haber que en el régimen general.

Unas 374.296 personas gozan de estos regímenes preferenciales: diplomáticos, judiciales, agrarios, construcción y trabajadores de Luz y Fuerza y docentes. Los dos primeros hacen bajos aportes y se jubilan con un sueldo que supera el 82 % de lo que cobraban en actividad. Para ellos, se estudia una suba de aportes. El ahorro global, si se modificara, sería de 79.000 millones de pesos.

Hay algo más todavía por hacer en Anses: a futuro, se elimine el doble beneficio; es decir, que el cónyuge que tiene jubilación no acumule la pensión del cónyuge cuando este fallece. Esto viene de la década de 1950, cuando la mujer no estaba incorporada al mercado laboral; habría que ir a un esquema optativo, que elija con cuál de las dos se queda. Cambiar esto es una forma de torcer estructuralmente la tendencia futura del gasto.

El segundo gasto en importancia se lo lleva la administración en sí del Estado: casi 459.609 millones, el 18 % del total. De esos 18 puntos, 11 corresponden a los sueldos que cobran los 740.000 agentes que trabajan en la Nación.

Siempre hay tela para cortar. Se pueden reducir subsidios que todavía no se eliminaron, continuar con el micromanagement de bajar precios de bienes y servicios al licitar mejor, hacer un recorte de cargos adicional al dispuesto por el Ministerio de Modernización y reducir la cantidad de asesores de los legisladores.

La reducción del gasto ‘político‘ ayudaría a generar apoyo para bajar otros gastos. Se podrían congelar las vacantes al número de fin de 2017, que no sean cubiertos los cargos por retiro o renuncia y que allí vaya el personal que quede liberado de la reestructuración de organismos.

Quedan dos gastos de peso. Uno es la obra pública; el otro, los subsidios a los servicios públicos.

El primero tiene un presupuesto de 196.000 millones de pesos este año. Se ha anunciado que se recortarán 30.000 millones de las obras que todavía no arrancaron, amén de que se le ponen muchas fichas al esquema de participación pública privada (PPP).

Una mejor aplicación del gasto, con transparencia en las licitaciones, podría hacer “rendir más la plata”. Esto evitaría la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, que derivó en sobreprecios que investiga la Justicia.

En tanto, los subsidios a los servicios todavía impactan de manera sustancial en el gasto global: son 118.507 millones de pesos en energía para 2018, más 91.266 en transporte. Los de energía contemplan las subas de tarifas que pretende retrotraer la oposición en Diputados: si eso avanzara, esa cuenta casi se duplicaría.

Pero hay cuatro subsidios específicos de gran peso y condimento político: trenes, subtes, colectivos y agua, que se ejecutan casi con exclusividad en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No hay ninguna otra cuenta tan importante para recortar como la de subsidios. Con todo lo demás, hay que ir de a poquito, algo casi microeconómico.

Caba y provincia de Buenos Aires los grandes beneficiados. La energía mayorista tiene hoy el mismo subsidio para todo el país: el usuario paga el kilovatio 30 % menos de lo que realmente vale. La suba del dólar quizá haya encarecido la generación.

El camino a la reducción de subsidios terminaría, en principio, en octubre de 2019. Fuentes del Ministerio de Energía señalan que en este 2018 ya no hay transferencias directas a Edenor y Edesur por déficits operativos ni por obras.

El gas tiene, al igual que la energía mayorista, un subsidio de boca de pozo idéntico para todos los que tienen red de gas natural en el país.

Pero los subsidios al agua y al transporte son los de mayor peso y contenido político, porque se ejecutan en la provincia de Buenos Aires y en Caba: agua, subtes, trenes y colectivos. La Nación coloca recursos en esos servicios por tres vías: presupuesto corriente, asumiendo eventuales déficits operativos; realizando obras que no hace en otros lugares del país; y haciéndose cargo del costo de la tarifa social o la Sube, que observa descuentos mínimos del 50 % en el segundo viaje combinado. Nada de eso hace en otras jurisdicciones.

Veamos. En los trenes, el 99 % se gasta en Buenos Aires. Las autoridades alegan que es porque allí están los pasajeros. Es cierto, pero por un detalle: en el interior no hay trenes.

En 2017, el presupuesto de Trenes Argentinos, la sociedad del Estado que administra los trenes en todo el país, gastó 26.000 millones de pesos en los trenes del área metropolitana. Además, hay un plan quinquenal de obras de 14.123 millones de dólares, todas en Buenos Aires.

Hasta febrero de este año, el boleto costaba 2 pesos en las líneas Roca, Belgrano Sur y Norte y Urquiza, y 4 en San Martín, Mitre y Sarmiento, el equivalente al 10 % de la tarifa real. El resto se pagaba con presupuesto nacional, al que aportan todos los argentinos.

En abril subió a 3 pesos y 6,25, respectivamente, y en junio se prevé que pasen a 3,25 y 6,75, luego de dos años de congelamiento.

Con colectivos y subtes, pasa algo similar. El boleto estuvo dos años quieto y el 58 % de los pasajeros, según el Ministerio de Transporte, viaja con subsidios. Esa cifra se cuadruplicó en dos años.

Hay de dos tipos: aquel al que acceden los beneficiarios de AUH y jubilados, que pagan 55 menos que la tarifa plena, y el implementado con la tarjeta Sube, que implica un descuento del 50 % en el segundo viaje combinado (con cualquier medio de transporte) y el 70 % en el tercero.

En enero último se estableció el nuevo cuadro tarifario, que llevaba las tarifas en abril a 11 pesos para subtes y a 9 para colectivos, y en junio a 12,50 y 10 en cada caso. Pero a principios de este mes la Justicia suspendió la suba de los subtes.

Para dimensionar lo que los aportes de la Nación representan a favor de porteños y habitantes del conurbano bonaerense hay que recordar que en ciudades como Córdoba el boleto de colectivo cuesta 15,38 pesos desde fines del año pasado, y existen fuertes presiones de las empresas prestatarias para que se active un nuevo aumento o se compense la diferencia de costos con subsidios.

El otro servicio clave, está en la empresa Aysa, que presta servicios de agua y cloacas en 25 distritos de la provincia de Buenos Aires y a la que, según calculan los opositores, se le han transferido 36.000 millones de pesos en la gestión de Cambiemos sólo para cubrir el déficit operativo.

Allí, a la tarifa social de agua, por ejemplo, la asume la Nación. Los beneficiarios pasaron de 30.000 a 350.000 en dos años, con un costo anual de 400 millones de pesos. El déficit operativo de la empresa este año es de 9.000 millones de pesos, más 1.000 millones de dólares en obras que están en ejecución, además de lo que se hizo desde 2007 a esta parte, como la planta potabilizadora de Tigre costó 1.000 millones de dólares o la Estación de Berazategui, 400 millones, entre otras.

La Nación deje la prestación directa de los servicios públicos que tiene, sobre todo en el conurbano, y que cada jurisdicción de haga cargo de la prestación de sus servicios.

Y además, se le acaban de transferir 45.000 millones extras a María Eugenia Vidal este año y 60.000 millones en el que viene, luego del descongelamiento del Fondo del Conurbano.

Para ellos, no sólo el beneficio es económico: no se hacen cargo de una gestión que es más que complicada, muy susceptible al reclamo del usuario. Es el mejor de los mundos: si hay deficiencias, alegan que no es de su incumbencia.

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