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Sin prejuicios ideológicos – Por: Valeriano Colque

Nuevamente volvió a emerger la intranquilidad económica en el país. Analicemos las circunstancias para tratar de dilucidar la situación actual.

Mauricio Macri recibió un país en situación desastrosa: un déficit fiscal del 7 % del producto interno bruto; una inflación del 25 %, la más alta de América latina, excepto Venezuela; un índice de pobreza del 30 %; la economía estancada durante varios años; el dólar retrasado en un 50 %. Eso sin computar ciertas trampas premeditadas y malintencionadas, como la venta de dólares a futuro, con gran costo para el nuevo gobierno que asumiera.

En el inicio de su gestión, tenía dos alternativas, al menos en las hipótesis, para modificar el camino.

Una, reducir de manera contundente (shock) el gasto público, tal como sugieren los liberales extremos, como Javier Milei, José Luis Espert, entre otros. Esto era impensable tanto desde lo político como lo social. Gran parte del gasto estaba destinado a un amplio programa de planes sociales, para atenuar la situación de pobreza inexplicable e imperdonable tras 12 años de desahogo y bonanza por los precios internacionales de nuestros productos de exportación.

La otra posibilidad era la única viable: hacer los ajustes en forma gradual. Y es lo que hizo y está haciendo el Gobierno. Avanzó en la corrección de las tarifas y está sobrecumpliendo las metas fiscales fijadas para este año.

Esta segunda alternativa significaba, desde el sentido común, acudir al mercado de capitales, endeudarse hasta tanto la economía se reactivara y el déficit se redujera por esa vía. En los dos primeros años de gobierno, esta posibilidad era razonable en razón de las bajas tasas del mercado internacional de capitales. La situación cambió. Las tasas aumentaron, el dólar se ha fortalecido y el flujo de capitales financieros al país se detuvo y está tomando una dirección contraria.

Esto trajo aparejado dificultades a la economía argentina y al Gobierno. Hace las cosas más difíciles. Pero cabe preguntarse si se pone en duda que el camino iniciado fuera el adecuado: reducción del gasto público en forma paulatina y financiación con endeudamiento. En realidad, esa era la ruta obligada. No había otra posibilidad, dada la coyuntura. Un ajuste drástico al comienzo del gobierno hubiese creado un caos social insostenible. Tampoco se podía continuar con la política anterior, de virtual congelamiento del tipo de cambio y emisión monetaria. Por esa vía, hubiésemos terminado en una situación similar a la de Venezuela.

¿Significa esto un fracaso del gradualismo? En todo caso, su insuficiencia, su fragilidad ante el cambio de la situación que lo hacía posible y poco costoso.

Esta estrategia fue atacada por ambos lados. Por derecha, por los liberales extremos, que omiten consideraciones de viabilidad política de sus propuestas. Por izquierda, desde el peronismo, que propone continuar con el déficit fiscal y cubrirlo con emisión monetaria.

Ahora, el Gobierno decidió acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que significó abrir la puerta a un debate de los ‘70. Se dirá–ya comenzó a decirse–que nuevamente el país caerá en las fauces del FMI y que este fijará fuertes condicionamientos al Gobierno para otorgar los fondos requeridos.

Ahora bien… ¿qué medidas puede proponer el FMI que sean contraproducentes para el país? ¿Un intensificación o una aceleración del ajuste? ¿La fijación de un plan de varios años para reducir la inflación y el déficit? Pronto lo sabremos.

Como fuere… ¿tomará el Gobierno la decisión de adoptar políticas drásticas que pueden llevar a un caos social? No creemos que elija esa vía. No lo hizo al inicio de su gestión, cuando su poder era mayor; es impensable que lo haga ahora, cuando su confianza ha disminuido.

En síntesis: gradualismo más endeudamiento fue la fórmula elegida en 2015 y era la única viable. Ahora, al cambiar la situación del mercado internacional de capitales, la economía recibe un impacto cambiario ante el cual el Gobierno reaccionó con rapidez: negocia un acuerdo con el Fondo para fortalecer sus reservas y despejar las dudas sobre la solvencia y el equilibrio del sistema.

Ciertamente, renacerá una discusión de la década de 1970 sobre el FMI y sus condicionamientos. Pero en este momento, más que con eslóganes, parece mejor manejarse con los hechos. Y sin prejuicios ideológicos.

¿Tocamos fondo? No. pero, ahora, sí podemos verlo. La turbulencia y volatilidad recientes en los mercados financieros internacionales, amplificada en Argentina por políticas locales coyunturales que derivaron en la corrida cambiaria, provocó una rápida reacción del Gobierno.

El anuncio de que Argentina iniciaría conversaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtió en el tema de discusión. En medio de la incertidumbre reinante en los mercados, el tumultuoso debate por la suba de las tarifas y la desgastante lucha contra la inflación, Argentina anunciaba que volvíamos al Fondo. Si analizamos la historia, esta circunstancia no debería sorprender en virtud de todo sucedido en la economía argentina.

A lo largo de la historia, Argentina recurrió al FMI en 26 ocasiones (los gobiernos peronistas son los que más recurrieron, 9 veces) desde que ingresó como miembro en el año 1956. La gran mayoría de estos acuerdos tomó la forma de Acuerdos Stand-By (SBA, en inglés). Estos acuerdos son los principales instrumentos que el FMI ha utilizado de forma regular desde su creación para auxiliar a países que tienen problemas de liquidez, producto de desequilibrios de balance de pagos. Estos SBA fueron flexibilizados en 2009 luego de la crisis financiera global, y contemplan acceso a crédito efectivo y preventivo.

La tasa es más baja que la de mercado, pero el FMI impone condiciones que implican aceptar metas cuantitativas, reformas estructurales y auditorías periódicas.

Existen otras líneas de ayuda como la Línea de Crédito Flexible y Línea de Precaución y Liquidez (FCL y PLL, en inglés) con mayor flexibilidad y menor condicionalidad.  Para acceder a estas dos líneas, el FMI demanda sólidas condiciones macroeconómicas y políticas económicas compactas. Actualmente, Argentina no cumple con ninguna de estas condiciones.

¿Qué motiva al Gobierno a solicitar el respaldo del FMI? En primer lugar, los mercados internacionales perciben, cuando menos, un problema de liquidez. Si un inversor decide vender sus pesos y comprar dólares y otros hacen lo mismo, los dólares salen del país. Si fuera un problema de solvencia–Argentina no genera recursos externos genuinos para repagar sus deudas–, la situación requeriría acciones adicionales. En cualquier caso, el apoyo del FMI envía una señal de contar con un prestamista de última instancia.

En segundo lugar, el Gobierno ratifica su apuesta al gradualismo como única opción posible políticamente. Asegurarse un fondo de libre disponibilidad extiende su margen y flexibilidad para continuar en ese camino.

Finalmente, el Gobierno tácitamente considera que su principal preocupación es el déficit fiscal; caso contrario, si fuera el déficit externo, hubiera dejado que el dólar siga subiendo para mejorar la competitividad en el corto plazo. 

Más allá de estas razones, una lectura más profunda advierte sobre algunos peligros de la estrategia de política económica adoptada por el Gobierno.

Desde que asumió en diciembre de 2015, persisten riesgos asociados a la volatilidad de capitales y las interdependencias entre los diferentes objetivos que pretende atacar.

Esto es particularmente relevante ante ciertas características estructurales de la economía argentina y presentes de manera regular en los últimos 70 años: la existencia de déficit fiscal y déficit externo, más conocidos como déficits gemelos. En otras palabras, el Estado gasta más de lo que recauda y el país le compra al mundo más de lo que le vende. En este período, sólo en seis años el Estado recaudó más de lo que gastó y durante la mayor parte de este período le compró al mundo más de lo que le vendió.

Esta situación de déficits crónicos debe financiarse y el Estado puede hacerlo de dos maneras: con emisión monetaria y con deuda pública.

Al optar por la segunda, el programa económico del Gobierno depende crucialmente de la disponibilidad permanente de dólares a bajo costo. Esta situación se mantuvo hasta fines de 2017 aproximadamente.  Incluso con disponibilidad de dólares a bajo costo, existe un problema aún más complejo. El ingreso de dólares vía deuda para financiar el déficit fiscal tiende a agravar el déficit externo, por cuanto el exceso de dólares genera una presión a la apreciación del peso, disminuyendo la competitividad. El Gobierno evitó parcialmente esta apreciación al comprar los dólares externos contra emisión monetaria y recomprar los pesos emitidos contra venta de Lebacs.

Finalmente, si la inflación no baja de manera sostenida, los precios de los bienes locales son cada vez más caros con relación a los precios del resto del mundo, lo que disminuye aún más la competitividad. Llegado un punto, el Gobierno se ve nuevamente forzado a devaluar (o depreciar) la moneda para recuperar competitividad y así reducir el déficit externo. Esta devaluación (o depreciación) se trasladará gradualmente a precios y la inflación seguirá a niveles altos.

El principal desafío, pues, tiene que ver con el destino que se da a los fondos externos: si se asignan a gasto público corriente, importaciones de bienes finales y/o a reconducirse a través de instrumentos financieros (Lebacs), entonces la inversión privada y la oferta de bienes en la economía no aumentará, lo que dificultará aún más la baja de la inflación. 

Es aún demasiado pronto para dimensionar los alcances de esta crisis. Pero todo parece indicar que, al menos en el corto plazo, serán menores en intensidad y magnitud a los de las crisis hiperinflacionaria, la del efecto “tequila” y la de 2001/02.

En todas ellas hubo fuertes efectos sobre variables reales (PIB, desempleo, inflación) y reacomodamientos en la política económica. En la situación actual, en cambio, una corrida cambiaria como la de la última semana puede desactivarse relativamente rápido con un mix de señales claras a nivel interno y externo.

Las primeras las dio el Banco Central al subir la tasa de referencia en más de 12 puntos y al vender dólares masivamente. Las segundas las dio el Gobierno al anunciar el acuerdo en tratativas con el FMI.

Este combo de medidas parece haber apaciguado a los mercados y tranquilizado a los inversores, pero de ningún modo significa que el problema de fondo ha sido solucionado: la existencia y persistencia de los déficits fiscal y externo. 

¿Tocamos fondo? No. Pero, ahora, sí podemos verlo.

Todos somos responsables, todos debemos hacernos cargo.  A los fines del análisis, la economía nacional es igual a la economía de una familia o de una empresa.

El acuerdo en diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)–si sale como lo adelantaron, y ojalá así sea por el bien de la credibilidad de esta gestión–va a servir sólo para morigerar la coyuntura.

Pero si queremos solucionar de raíz nuestros problemas económicos, debemos primero arreglar el frente político. Es necesario que los argentinos, a través de las distintas instituciones (Gobierno, empresas, sindicatos y oposición), sacrifique algo cada uno, como contribución desinteresada al bienestar del país. El Gobierno debe equilibrar los gastos públicos en función de sus ingresos. Para ello, debe dejar de lado políticas populistas y reemplazarlas con una política con miras a crear trabajo y empleo.

Las empresas deben ser complacientes a la hora de formar precios. En general, cuando hay inflación, ajustar los precios de manera generosa. Luego, cuando en el corto, mediano y largo plazo el dólar recupera en valor esas subas inflacionarias ya producidas, vuelven a subir los precios; es decir, mayormente se duplican las actualizaciones de los precios en el tiempo. Los sindicatos deben seguir velando para que los ingresos de los asalariados sean suficientes en poder adquisitivo.

No nos olvidemos que esos salarios se transforman en demanda, y que esta es el motor que hace funcionar toda la economía. Pero deben también los sindicatos aportar, a través de sus influencias, para que haya mayor producción y productividad en el trabajo, lo que incrementará así la oferta de bienes y servicios, uno de los dos determinantes para evitar la inflación; el otro es la emisión monetaria.

Por último, la oposición, dejando de lado sus apetencias políticas en pos de un apoyo al desarrollo de los tiempos democráticos y de las políticas a mediano plazo.

No nos olvidemos de que muchos de esos políticos opositores fueron corresponsables de los desajustes económicos que hoy nos aprietan.

 

pie-Dr-Valeriano-colque

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