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“Condimentos políticos” en la suba del tipo de cambio – Por: Valeriano Colque

En estos días, la economía argentina pasó de las turbulencias a la incertidumbre. Más allá de las discusiones metodológicas, tanto internas como externas, si se examina el escenario más general, nos damos cuenta que, una vez más, nuestra particular cultura política es la responsable.

Para delinear a los intérpretes, pueden suprimirse los nombres propios. Alcanza, en principio, con analizar cómo se movieron en términos de espacios políticos: de un lado, el oficialismo; del otro, la oposición.

Desde luego, quien tiene la responsabilidad de definir el programa económico es el oficialismo.

Pero tanto dentro de su espacio como en la oposición predomina el dogma de que si a cualquier oficialismo le va bien en lo económico, tiene garantizada la preferencia de la ciudadanía en las contiendas electorales futuras.

Por lo tanto, unos y otros, a veces de manera sutil, a veces de un modo más caótico o anárquico, buscan dificultarle el normal desarrollo de ese programa. Lo evalúan negativamente, tanto en público como en privado.

Luego, esa valoración negativa suma la suficiente masa crítica en la sociedad, con o sin argumentos, y se torna un registro manifiesto, ya sea en las encuestas o en los mercados.

Ante las primeras señales, el oficialismo se divide. Surgen sus propias voces críticas, que utilizan diferentes medios para hacer conocer sus discrepancias.

La reacción de la oposición es quitar colaboración, unirse dejando atrás sus diferencias y aprovechar la situación para profundizar las críticas y darse a sí misma la razón: aquello que antes manifestó individualmente, ahora lo expresan hasta los socios del presidente.

Entonces, el oficialismo tiende a sobreactuar. Se limita a decir que no pasa nada grave, que su programa es atacado sin motivos de peso y que nadie lo entiende. Pero implementa medidas económicas que transmiten otra idea. Y aunque no se logren los resultados inmediatos   esperados, porque entre operadores de los mercados se ha instalado la desconfianza, está obligado a redoblar el compromiso con su programa.

Finalmente, cuando asoma la preocupación, se divide la oposición, y algunos de sus integrantes toman distancia para señalar, recién ahora, algo que sabíamos todos desde el principio: que el gobierno es el que debe fijar el rumbo económico.

Para los empresarios, la suba del dólar que generó sacudidas en el mercado financiero y cambiario, es un fenómeno coyuntural, más ligado a la política que a nuevos problemas económicos.

En un encuentro que analizó la situación del dólar, la inflación y las tarifas, los empresarios descartaron mayores complicaciones. Es una situación coyuntural, el país va a salir adelante. El Gobierno tomó la economía en una situación muy complicada, y ahora está mejor de lo que estaba. Esto es una coyuntura que la Nación tendrá que pasar y la sociedad debería brindar su apoyo, porque de esto se sale entre todos. Es un problema de gestión, pero no habrá nuevos problemas con el dólar. Son inconvenientes, como cualquier piedra en el camino que se presenta en un plan de gestión y que hay que sortear; para eso, se requieren las mejores ideas y las implementaciones más certeras. No hay que preocuparse, hay que ocuparse.

Por su lado, la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos, resaltó los “condimentos políticos” de la suba del tipo de cambio. “Al sector desarrollista le afectan estos sube y baja bruscos, pero en el mediano o en el largo plazo el dólar sigue estando barato. Los costos de la construcción subieron más que el dólar. Lo que preocupan son estos cimbronazos, pero este fenómeno ya pasó”, dijeron.

En el mismo sentido se pronunciaron los empresarios ligados al turismo, quienes confiaron en que “las aguas se van a calmar”. Pero también descartaron que afecte al negocio turístico: “Desde hace tiempo, el turismo tiene un dólar en muy buenas condiciones, por eso el sector crece. El dólar estaba a un precio bajo, lo que, sumado a la financiación, ayudó mucho a la compra”, afirmaron.

A su turno, la Cámara Pyme, recalcó la mala situación de las Pyme. “No se dan las discusiones de fondo para definir qué sirve y qué no sirve de las definiciones que Argentina sostuvo en los últimos 70 años. Uno se desilusiona con la clase política por lo que está pasando. La cuestión es que no se solucionan los problemas de fondo. Hay que definir una verdadera reforma laboral y tributaria, que permitan encontrar un equilibrio sin destruir industrias. Hoy, para la Pyme es un momento complicado en extremo”, aseguraron.

En conclusión, son demasiados los actores de la política nacional dispuestos a jugar con fuego si el juego les garantiza que puede serles de utilidad para erosionar a un gobierno determinado.

Si los “daños colaterales” implican más inflación, devaluación, recesión, pérdida de puestos de trabajo y, por todo ello, un considerable aumento de la pobreza, al fin y al cabo dirán que todo ello fue generado por ese gobierno al que buscaron desacreditar.

¿Hace falta decir que necesitamos otra cultura política?

Impuesto a la Renta Financiera: propuesta demagógica. Luego de la turbulencia del mercado cambiario y las dificultades del gobierno nacional para controlar el valor del dólar, sería bueno preguntarnos si la decisión de tomar ciertas medidas estaban en sintonía  con una correcta evaluación de su impacto eventual.

Y no hablamos sólo de lo que podría sumar o restar en recaudación, sino del impacto en el resto de las variables económicas. Uno de los elementos causantes de la corrida cambiaria fue la entrada en vigencia, el 26 de abril, del Impuesto a la Renta Financiera para inversores del exterior.

Sin tener presente otros activos (que también tributan), el Banco Central calculaba que los extranjeros tenían alrededor de 5.000 millones de dólares en Lebac, aunque hay estimaciones de un monto mayor a 7.000 millones de dólares por ese carry trade (ingresar dólares al país para invertir en pesos a tasas altas).

Al cambiarles las reglas tributarias, los fondos inversores internacionales salieron de ese instrumento y compraron dólares para sacarlos del país. Para peor, el comienzo del cobro del impuesto coincidió en la misma semana con la suba de tasas de interés de Estados Unidos y el aprovechamiento político de la oposición en el Congreso en búsqueda de frenar la suba de tarifas.

Es cierto que las autoridades no podían prever estos dos elementos que acentuaron la demanda de dólares de parte de los fondos extranjeros, pero sí que esos fondos, aunque fuere por un tiempo, se iban a ir ante el cambio en las reglas de juego locales. La inadecuada respuesta de los primeros días, que complicó la situación la primera semana de mayo, muestra una falta de previsión para manejar este escenario.

Lo que pasó con el impuesto es increíble. La Nación hace un pacto fiscal, le devuelve a las provincias dinero; como perdió ese ingreso, cambió la fórmula de actualización a los haberes jubilatorios. Y para lograr el apoyo a esa reforma fiscal y del Presupuesto vigente, negoció con la oposición el Impuesto a la Renta Financiera, iniciativa elaborada y propuesta por el massismo.

Es un impuesto muy popular, pero descabellado. Es irrelevante para el Estado, pero no es irrelevante para los mercados. El país perdió en unos días mucho más de lo que va a ganar en recaudación.

Según las estimaciones oficiales, cobrarle tributo a la renta financiera a los extranjeros iba a sumar unos 4.000 millones de pesos de recaudación. En noviembre, la consultora Quantum (del economista Daniel Marx) había estimado que en total, entre los de afuera y los ahorristas locales, en 2018 no ingresarían más de 1.000 de dólares a las arcas estatales. Un monto insignificante en una recaudación que superará los tres billones de pesos este año.

Es cierto que es un gravamen que se aplica en otros países y que tiene cierta equidad, pero habría que ver si era el momento adecuado.

Se podría argumentar que con el “diario del lunes” es fácil hacer recomendaciones, pero lo cierto es que los economistas ya alertaban en diciembre que esto podía pasar. Y el Gobierno decidió minimizar los costos de la decisión: los esperados, como una sobretasa que el propio Estado paga para tomar deuda o la salida de capitales extranjeros por cambios en las reglas de juego, pero también otros no previstos, como la volatilidad cambiaria y la pérdida de credibilidad del Banco Central, que afectan a la economía toda.

pie-Dr-Valeriano-colque

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