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Dólar, inflación, tarifas, cuál puede ser el impacto de la nueva inflación en los créditos UVA? – Por: Valeriano COLQUE

No impacta para nada. Ese es el resultado a la que llegaron funcionarios bancarios y economistas sobre el efecto que podría producir la modificación de la meta de inflación que anunció el equipo económico del Gobierno. No tendría que afectar la dinámica de los créditos hipotecarios ajustados por UVA. Hay un crecimiento del 100 % de los créditos hipotecarios y del 20 % real de todo el crédito en el país.

¿Cómo puede afectar esta corrección? Para los ya endeudados, la preocupación central es que la inflación baje, más allá de que la meta oficial haya cambiado.

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), tiene una cotización diaria, publicada por el Banco Central, que se elabora sobre la base del coeficiente de estabilización de referencia (CER) que, a su vez, sigue el índice de precios nacional que elabora el Indec. Es decir, refleja la inflación consumada, no la futura.

En 2017, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre–la cifra ya está fijada–, arrojando una variación del 23,53 %.

También es cierto lo que señalan muchos analistas: a la hora del pago de la cuota, lo que importa es que los salarios acompañen la inflación, más allá de cuál sea la variación de precios.

El impacto que va a tener la corrección va a depender de cuánto de la meta utilizaba el mercado para fijar los precios. Si bien las metas sirvieron para fijar expectativas, creemos que el mercado no se guía por las metas, sino por el relevamiento de expectativas económicas o las consultoras privadas. Con lo cual, este sinceramiento no debiera tener un impacto, siempre y cuando el Banco Central no modifique la forma en que implementa su política monetaria. Las tasas deberían bajar, pero no en enero: más adelante.

Nadie daba por cierto una pauta del 10 %. La gente ya tiene asimilada que la inflación en 2018 será del 15 % por lo menos.

El otro eventual impacto viene de las tasas de interés. Hay bancos que en los últimos 10 días subieron la tasa (que va del 3,5 al 7 %, además de la UVA), pero hay otros que no. Si el Banco Central comienza a bajar las tasas, es probable que los bancos puedan adaptarse. Esto favorecería al que está pensando en tomar un crédito.

No debiera afectar los créditos, porque la meta es la expectativa, lo único que se está haciendo es verbalizar la expectativa que ya estaba. Nadie esperaba el 10 %. El sinceramiento estaba asimilado. La cifra más alentadora es la del fuerte crecimiento del acceso al crédito bancario.

El acceso al crédito hipotecario se duplicó en un año, de la mano de un sistema que permite ajustar por inflación el saldo de capital. Así, al sacar ese riesgo de la tasa de interés, se bajan la cuota inicial y el monto de ingreso por demostrar, lo que explica el boom de créditos hipotecarios, pese a que la inflación no bajó como se prometió.

Una de las principales dudas radica en cómo se comporta la UVA en tiempos de inflación. Este año, del 1° de enero al 31 de diciembre, la UVA aumentó 23,53 %, según los datos del Banco Central. La cifra está por debajo de lo que subieron los salarios privados, que, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, acumulan, de enero a octubre, un 28,2 % de aumento. Es decir que está 4,67 puntos arriba cuando aún faltan computar dos meses. La suba se estira al 30,5 % si se compara octubre de 2017 frente a octubre de 2016.

Lo que ha ocurrido con el crédito es la muestra más visible de los beneficios de bajar la inflación. Da certidumbre a las entidades financieras para prestar y a los tomadores para animarse a un crédito a 30 años.

La “recalibración” El complejo tablero de las expectativas, que sigue siendo el escenario más intenso en el que mueve sus fichas el Gobierno, se sacudió cuando 2017 ya empezaba a bajar las persianas.

La inercia fiscal terminó por torcerle la muñeca a una política monetaria que, aun con las mejores intenciones y transpirando la camiseta, no pudo cumplir con sus propios objetivos.

La “recalibración” se parece mucho a cuando un sistema educativo flexibiliza las exigencias a los alumnos para que puedan pasar de grado.

Detrás de esos estudiantes no está sólo su capacidad de aprendizaje. También los docentes, el sistema de calificaciones, la comunidad educativa y el entorno familiar.

Por eso, la decisión no es sólo económica. Es esencialmente política y reacomoda las fichas de ese tablero de expectativas.

Entre las primeras cosas que asoman, hay un efecto que, a priori, puede sonar contradictorio, pero que en la práctica será así: te exijo menos, pero esta vez tenés que cumplir. Y esa lupa no será sólo para la inflación, sino también para el déficit fiscal, fenómenos cuyo devenir están ahora en un nivel más ajustado de coordinación.

Ocurre que el movimiento que hizo el Gobierno, si bien se aleja de lo deseable para acercarse a lo posible, pone en juego varias cuotas de credibilidad y confianza para una gestión que, desde el arranque, apuntó a reconstruir la institucionalidad.

Otra cuestión es la nueva meta propiamente dicha: el relevamiento de expectativas que el Banco Central realizó a principios de diciembre arrojó, para 2018, una proyección de 16,6 % entre los agentes privados. El Gobierno apostó al 15 %.

Una de las más fuertes se verá con las paritarias. El arranque de 2018 no dará mucho respiro a la inflación por subas tarifarias y además estará el debate por la reforma laboral que pretende encarar el Ejecutivo. Otra vez, la clave se verá en el dique de contención de la cláusula gatillo.

Otra señal son las tasas de interés. Gobierno y mercado esperan que sean más bajas. Pero ¿cuánto más bajas? Es que el Banco Central ajusta con un ojo en las metas y con el otro en la evolución de la inflación núcleo, las perspectivas del mercado e, incluso, tratando de anticiparse a impactos futuros.

Así las cosas, no parece que haya un espacio demasiado generoso para desinflamar ese músculo que, se supone, debería relajarse para darle aire al nivel de actividad y al consumo.

Hay quienes creen que, por lo menos en la primera parte del año, el efecto sería nulo. En este punto, como siempre, el dólar juega su partido. Si bien cierra 2017 con una evolución por debajo de la inflación, la inquietud fue la alocada aceleración de los últimos días para acomodar la estantería.

No lució prolija y pone presión a los precios, aunque es cierto que alivia a las economías regionales y a las industrias exportadoras, en medio del profundo déficit en el que cayó la balanza comercial.

Por último, está el estrecho perímetro político en el que maniobra el Gobierno, límites que mordió con desagrado en la puja por la reforma en la movilidad de las jubilaciones.

Detrás de ese telón estaba el sapo que lastimó la garganta del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. “Metas que se cambian no son metas”, había dicho hace siete meses. Algunos todavía quieren ver si es capaz de superar la indigestión.

Como sea, es el precio que paga el macrismo para construir su sustentabilidad y para acotar las embestidas del peronismo más intransigente, que nunca baja la guardia para dar el zarpazo.

Lo que hizo el Gobierno fue reconocer que los números de la inflación no eran esos. Pero pensemos que la inflación pasó del 41 % el año pasado al 23 o 24 % este año. La nueva meta del 15 % fijada para 2018 “parece realista”. No por la existencia de un nuevo cálculo alguien va a dejar de hacer una operación inmobiliaria. Hay una demanda contenida, se supone que todo se ajustará en función de la inflación.

Es la tercera vez que Sturzenegger se da un porrazo y erra a los pronósticos inflacionarios. No existen riesgos de que se consolide una escalada del dólar por encima de los 19 pesos. Cuando liquiden los exportadores, va a bajar, y si no baja, sería preocupante porque iría a precios.

Había una disyuntiva: o el Banco Central mantenía su reputación de entidad independiente, aunque errara las metas inflacionarias en los dos primeros años y también la de 2018, o sinceraba la meta a un nivel que puede resultar alcanzable, como la del 15 %. La decisión es correcta, aunque esto tenga un costo de reputación para Sturzenegger en materia de independencia. Pero lo obliga a cumplir con este nuevo objetivo para ser confiable.

Presión sobre la inflación. Por la suba del dólar y el crudo, las petroleras aumentarían en los primeros días de enero los precios de las naftas y del gasoil, lo que elevará el costo del flete y, por cascada, de los bienes de consumo masivo, principalmente de la canasta básica.

Esa presión sobre la inflación se sumará a la que ejercerán el alza del 4 % en la medicina prepaga, el arrastre de diciembre de las tarifas eléctrica y de gas y el incremento estacional de esparcimiento y recreación, en plenas vacaciones.

El dólar subió un 17 % en el año y cerró en 18,92 pesos. Esa alza estuvo por debajo de la inflación, estimada en el 22,8 %. Mientras, la nafta súper escaló 32,6 % y el gasoil, 28 %. Los incrementos no coinciden porque el crudo estuvo regulado hasta el 1° de diciembre.

La cuestión es que 9 puntos de los 17 que subió el dólar en el año fueron sólo en diciembre, justo cuando el Gobierno liberó el mercado de los combustibles.

En paralelo, el barril de petróleo llegó a los 60,42 dólares en Estados Unidos y en Europa el Brent tocó los 66,87 dólares, los mayores niveles en 30 meses.

Lideradas por YPF–controlada por el Gobierno–, las petroleras (Axion, Shell, Oil y Petrobras) debatían cuándo aplicar el incremento, que sería del 6 %, según fuentes de ese sector corporativo. Los estacioneros, como en los aumentos anteriores, miran de afuera. Un 6 % sería razonable por la aceleración del dólar, más no porque “se irán al diablo los precios de la canasta básica”.

Eso tendrá un efecto cascada, dado que en Argentina el 80 % de la carga se transporta por camiones y el flete subirá 2 %. Y se suma la problemática de que cada vez más productos son importados o tienen componentes del exterior, por lo que también les pega la devaluación.

Dar el ejemplo. El presidente Mauricio Macri tiene previsto lanzar un plan en los próximos días para reducir cargos políticos y jerárquicos.

La idea es generar un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales.

El gobierno lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.

El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar.

Según confirmó Macri, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20 % de los 3.500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

La masa salarial de esos 3.500 cargos jerárquicos es de más de $ 5.000 millones por año. El recorte de más del 20 % de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1.000 millones.

El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.

Se le ha pedido esfuerzos a la gente, pero también hay que mostrar que en el Gobierno también se ajusta.

Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018. El presidente busca avanzar en la destitución de los magistrados más cuestionados.

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