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Jubilaciones: Es un problema ahora y lo será a largo plazo – Por: Valeriano Colque

La reforma previsional que se intentó debatir en el Congreso es un manotazo al que adhirió toda la política con tal de no hacerse cargo de ajustar la política

En la Argentina la cuestión previsional es aguda y lo será cada vez más, conforme la población continúe aumentando sus condiciones de vida y, desde luego, aumente su expectativa de supervivencia. En la actualidad, el 10,5 % de los argentinos tiene más de 65 años y en 2050 casi que se duplicará: 19 %.

Es decir que si la escasez de recursos actualmente condiciona de manera preocupante las cuentas públicas (de la Nación y de las provincias que no han transferido sus cajas) se agudizará más a futuro.

Pero lo que sucede en términos de edad con la población no es el único obstáculo o inconveniente, ni el más inasequible. De los 6.805.192 jubilados y pensionados nacionales que tiene Argentina, 52 % accedió por moratoria; es decir, compró 30 años o los que le faltaran para acceder a una jubilación mínima, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social del Ministerio de Economía de la Nación, al primer trimestre de este año.

Muchos de esos beneficios subsanaron una situación de fragilidad y falta de derechos. Pero hubo casos de jubilaciones otorgadas pese a que la situación del beneficiario no lo ameritaba y, sobre todo, igualando al que accedía por derecho con quien compraba aportes. La reforma previsional tiende a disociar esta situación, mejorando la retribución de quien cumplió los 30 años: desde enero recibiría el 82 % de un salario mínimo.

Pero eso no cambia las cuentas públicas, porque los 3,6 millones jubilados por moratoria continuarán percibiendo los aumentos. El sistema actual es inviable con reforma previsional o no, ya que hay poco más de un aportante por pasivo. La clave es incorporar al 34 % de los trabajadores que no están registrados.

Es parte de lo que plantea la reforma laboral, que se discutiría en marzo próximo. También con pronóstico incierto. Ese capítulo debió sumarse a esta ley para hacer más comprensible un cambio que el Gobierno no pudo explicar con claridad ante la sociedad y terminó naufragando por las consignas de los opositores.

Entonces, el primer dato es que se duplicó la cantidad de pasivos a quienes hay que pagarles el beneficio (el promedio de haber es de 9.403 pesos) entre 2006 y 2015 sin que se hayan hecho aportes. El segundo dato, el de fondo, es que hay poca gente que aporta: 11.733.837 trabajadores. La relación da 1,7 activo por cada pasivo, cuando las ecuaciones para la autosustentabilidad arrojan 4 a 1.

El problema es que hay 5 millones de trabajadores que en la Argentina no aportan. No sustentan el sistema ahora y serán un problema cuando se jubilen porque la seguridad social deberá proveerles algún beneficio, aunque sea mínimo, lo que terminará perjudicando a los jubilados genuinos. Blanquear a esos trabajadores mejoraría la ecuación previsional: pasaría a 2,5 activos por pasivo.

Ese es el eje de la previsión social. A los jubilados se les tiene que garantizar que el haber no va a perder frente a la inflación. Está claro que el 5 % que se calcula que se les dará en marzo con la cuestionada fórmula no compensará la inflación devengada desde septiembre, que es cuando recibieron el último aumento. La fórmula hoy vigente tampoco es un paraguas seguro porque se conforma con la evolución de impuestos previsionales cuya recaudación va a bajar.

La reforma previsional que se intentó debatir en el Congreso es un manotazo al que adhirió toda la política con tal de no hacerse cargo de ajustar la política.

¿Es mejor el atajo de recortarles a jubilados y a beneficiarios de la AUH entre 70.000 y 100.000 millones de pesos el año próximo, que evaluar el gasto superfluo en cada área del Estado, en especial el de la política? Sí, sin dudas. A la administración de Macri le resulta difícil explicar por qué optó por postergar el bienestar de tres de cada cuatro jubilados y pensionados que cobran el mínimo. Es intolerable que un jubilado tenga un haber de 7.246 pesos y un pensionado, de 5.797 pesos.

Los sueldos de la política multiplican por 10 o 20 esas remuneraciones, según nóminas salariales oficiales. Un botón de muestra: un funcionario de rango medio en el Ministerio de Finanzas percibe un sueldo de unos 300 mil pesos, con pocos antecedentes profesionales.

Las “jubilaciones de privilegio” recién se modificarán en 2019. Hay jubilados que cobran entre 300.000 y 500.000 pesos mensuales.

Luego de dos años, el Gobierno estableció que tiene un excedente de 19.119 empleados públicos, según el diagnóstico del Ministerio de Modernización.

El principio de solución está en tres ejes. Uno, en la reforma laboral, en el capítulo que blanquea a los trabajadores sin aportes. Dos, en la reforma tributaria, que dispone una rebaja gradual de aportes patronales y tres, en el intento de acotar los juicios laborales, para convencer a la Pyme de que no empeñará la empresa si contrata dos trabajadores más. No se podrá equilibrar el sistema jubilatorio ni mejorar en serio los haberes si hay tan pocos laburantes para casi 7 millones de pasivos. Es un problema ahora y lo será a largo plazo.

Comportamientos patoteriles. El debate de la reforma previsional en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación terminó en un altercado bochornoso, que no hace otra cosa que evidenciar con toda dureza la vulgaridad o mezquindad de ciertas conductas de la clase dirigente argentina.

Se puede estar a favor o en contra de la reforma jubilatoria y se pueden tener uno y mil argumentos para respaldar o cuestionar el proyecto del Gobierno. Se puede discutir y disentir porque la democracia también es no estar de acuerdo y hacerlo saber. Existen mayorías y minorías. Existen decisiones y cuestionamientos a esas decisiones.

Lo que ningún argentino puede permitirle a su clase dirigente es que haya conductas patoteriles que sólo causan una verguenza internacional, por un lado, y castigan a los ya vulnerables abuelos argentinos, por el otro. Los jubilados se encuentran en un estado de indefensión y casi no tienen oportunidades para defenderse.

Pues bien, si quienes arrogándose el derecho de proteger a los abuelos provocan desmanes en la casa de la democracia como lo es el Parlamento, vamos por el camino incorrecto.

El objetivo inicial de discutir y debatir el contenido de las propuestas del oficialismo fue un delirio. De pronto, el recinto se convirtió en un lugar de baja calaña, en el que matones gritaban, se prepoteaban, se empujaban y hasta se golpeaban.

Antes y después se sucedieron las críticas y las faltas de respeto a la sociedad de parte de disputados nacionales que se mezclaron en una trifulca con militantes kirchneristas, que fueron a la sala a descalificar la iniciativa del Gobierno.

Al final, quedó una foto que recorrió buena parte del mundo, donde nuestros parlamentarios distan de dar un ejemplo de consolidación del sistema democrático que dicen defender.

En todo caso, con ese comportamiento, ofendieron a los argentinos de buena fe que los votaron.

En síntesis. El fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación por la reforma previsional dejó planteados numerosos interrogantes. Los más importantes están vinculados con el futuro de los cambios en el sistema jubilatorio, la situación fiscal del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales, y sobre la habilidad de la clase dirigente para encontrar soluciones sin acudir a la violencia en las calles y en el recinto legislativo. Corresponde al Gobierno nacional la mayor responsabilidad en las respuestas a esos interrogantes.

La dirigencia política y la sociedad no son ajenas a la responsabilidad de adoptar un sistema jubilatorio equilibrado en sus cuentas y digno para sus beneficiarios.

La administración de Mauricio Macri no explicó con claridad que el gasto previsional ha ido creciendo en forma exponencial por decisiones equivocadas tomadas el último medio siglo, incluido el saqueo permanente del que fueron objeto las cajas de jubilación. Las partidas previsionales ya representan casi el 45 % del gasto primario del Estado nacional.

Sus argumentos, que se fueron completando como un rompecabezas, no sólo no terminaron de convencer. Ni siquiera alcanzaron para persuadir a la oposición peronista, que, en un oportuno rapto de amnesia, pide no tocar lo que durante décadas fue manoseado sin vergüenza y tira piedras como si los pecados fueran sólo ajenos. Dulce hipocresía.

En esos desajustes, pesa el dato de que la administración kirchnerista incorporó cuatro millones de beneficiarios a través de las llamadas “jubilaciones, regalo de la política”, percibidas por quienes nunca realizaron aportes (proyecto elaborado por el entonces titular de la Anses, Sergio Massa). Un régimen previsional es insostenible cuando por cada beneficiario sólo existe poco más de un aportante.

Hoy por hoy se discute a los gritos el sistema de movilidad, pero no hay ningún debate razonable y despojado de mezquindad para definir qué prestaciones son las que debe pagar el sistema y establecer un consenso sobre cómo se financiará.

Sólo por recorrer el camino de los últimos años, no debería perderse de vista que el esquema vigente para actualizar las jubilaciones alumbró después de una era de hielo, durante la cual la inflación destruyó el poder adquisitivo de los haberes, mientras el caso Badaro se replicaba en miles de expedientes judiciales que la Anses apelaba hasta el infinito y más allá.

Tampoco las demagógicas moratorias que pusieron en un mismo escalón a quienes habían aportado toda su vida laboral y a quienes no. Es cierto que hay miles que no contribuyeron porque trabajaron “en negro” y, por ende, merecen contención.

Pero no menos cierto fue que, en la primera etapa, entraron todos los que levantaron la mano, desde el que trabajó toda o la mayor parte de su vida sin estar registrado hasta quienes nunca aportaron porque nunca necesitaron trabajar pero hoy tienen “sus propios pesitos”.

¿Cómo no preguntarse de dónde iba a salir la plata? Una fantástica utopía equivalente a la mitad más uno de todo el universo previsional y que abre interrogantes cada vez más grandes en un país con un tercio de trabajadores hundidos en la informalidad.

El gobierno de Mauricio Macri está obligado a buscar consenso. Los gestos violentos de un grupo minoritario de legisladores, muchos de ellos responsables de la debacle del sistema, no deben ser tolerados. No hay victoria política para celebrar si esta se consigue con violencia. Los que incumplieron el reglamento de la Cámara de Diputados deben ser sancionados, como una señal de respeto a las instituciones. La misma actitud debe ser adoptada contra los violentos que intentaron impedir las deliberaciones desde las calles.

Con las respuestas adecuadas, se podrá dar un paso adelante hacia la madurez de la Argentina que todos anhelamos.

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