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Jubilados: La hipocrecía y la mezquindad de la clase política – Por: J. Valeriano Colque

Desde la creación del régimen de jubilaciones hasta el presente, todos los gobiernos, especialmente aquellos que se dicen “progresistas o populistas”, usurparon los recursos del sistema previsional mediante el uso indiscriminado para distintos fines (préstamos al Tesoro para financiar gastos corrientes, un sinnúmero de planes con miras al clientelismo político, entre otros), menos para mejorar a los beneficiarios del régimen de jubilaciones y pensiones.

Para comprender lo descripto precedentemente, al tema previsional lo podemos estudiar desde distintas ópticas, a través de la narración (como si fuera una novela) en varios capítulos, de la odisea de los fondos.

Capítulo 1. En la década del 40’ se aportaron recursos de magnitudes significativas lo que generó, obviamente, un gran superávit en las Cajas de Jubilaciones, en razón de que los beneficiarios eran pocos y se recibían muchos ingresos a través de las contribuciones patronales y de las retenciones realizadas a los trabajadores. Este superávit, y sólo tomando algunos años, por ejemplo 1950 a 1954, con el nivel de producto de hoy en día, sería de algo más de 100.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con todo ese exceso de liquidez?, es decir, con todos los dineros que tenían las Cajas de Jubilaciones. Simplemente, que el gobierno Peronista de aquél entonces le fue colocando “papeles” a las cajas previsionales y tomando el dinero de las mismas. Esos “papeles” eran colocados a 54 años de plazo pagándole una tasa de interés del 4 % anual, además, cada vez que se vencía el pago de esos intereses le volvía a colocar nuevos “papeles” y entonces a través del tiempo las cajas se fueron quedando con papeles pero sin dinero, representando una situación de, prácticamente, desaparición de toda la liquidez que habían acumulado las Cajas desde su creación.

Capítulo 2. Otro hecho que también tuvo una repercusión importante es cuando se produjo el salto fuerte de la inflación con el conocido “rodrigazo”, allá por 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Esto significó en pocos meses (6 meses) una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones del 30 %, y, a partir de ahí, nunca más se pudo recuperar el nivel de haberes de los jubilados.

Capítulo 3. Durante el gobierno militar del proceso se eliminó el aporte patronal al generalizarse el Impuesto al Valor Agregado.

Capítulo 4.  Distorsiones en el sistema jubilatorio de autónomos, en donde hay beneficiarios que perciben la jubilación mínima, pero los que aportan cada vez son menos.

Capítulo 5. Desde 1994, cuando se creó el Sistema de Capitalización, las AFJP tenían un conjunto de alternativas establecido por ley, en el que podían colocar los fondos de sus afiliados. Durante varios años el máximo fijado para invertir en papeles del Estado fue del 50 % del total de la cartera.

El Sistema de Jubilaciones y Pensiones argentino era, a partir de 1994, un sistema mixto que brindaba la posibilidad de optar por un régimen de reparto (o estatal), o uno de capitalización (o privado), que también tenía componentes estatales en razón de que en ambos regímenes, los haberes que los beneficiarios cobraban al acogerse a la jubilación, eran pagados, en parte, por el Estado.

El trabajador podía optar por cualquiera de los dos sistemas. Si optó por el de reparto, luego podía irse a una AFJP, pero si eligió una AFJP, ya no podía volver al reparto. Quienes no eligieron sistema, fueron derivados hacia una AFJP.

Para acogerse al beneficio jubilatorio son requisitos tener 60 años (mujeres) y 65 (hombres) y haber aportado durante 30 años al sistema. Los aportes del trabajador son del 11 % en ambos regímenes, aunque el aporte a las AFJP era del 7 %, ya que se redujo para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores con miras a incentivar el consumo. En tanto, las contribuciones patronales van íntegramente a engrosar las arcas del Estado.

En el caso del régimen de capitalización (privado), los aportes de los trabajadores eran administrados por las AFJP mediante un conjunto de alternativas de inversión establecido legalmente. Pero no todo el aporte iba al fondo, ya que previamente las administradoras descontaban sus comisiones. La comisión neta promedio era de 1,28 % del salario del trabajador y, además, se descontaba otro 1,26 % para el pago de un seguro de vida e invalidez que favorecía al trabajador y que las AFJP estaban obligadas a pagar. Ambos representaban, en promedio, el 2,54 % del salario. A partir de 1994, las AFJP tuvieron un rendimiento real histórico (ajustados por el Indice de Precios al Consumidor) para los fondos de sus afiliados del 10,5 % anual.

Los haberes que percibían los beneficiarios estaban integrados por tres componentes, dos de los cuales eran comunes en ambos sistemas, siendo uno de ellos la Prestación Básica Universal (PBU) la cual era uniforme para todos los aportantes y para acceder a ella era necesario tener 30 años de aportes, cumplir con la edad exigida y por cada año aportado que excedía los 30 y hasta un máximo de 45 años, el haber se incrementaba en un 1 %. El otro componente era la Prestación Compensatoria (PC), consistente en el reconocimiento a los años de aporte realizados en el sistema jubilatorio que tuvo vigencia en el país hasta julio de 1994, teniendo los mismos requisitos exigidos para acceder al PBU. Se reconocía el 1,5 % por cada año aportado a ese régimen, el cual se aplicaba sobre el promedio actualizado de las remuneraciones de los últimos 10 años anteriores al cese de actividades, con un máximo de reconocimiento de 35 años. El tercer componente del haber jubilatorio se diferenciaba de acuerdo con el sistema en el que haya aportado el trabajador. En el caso del régimen de reparto era Prestación Adicional por Permanencia (PAP). Es el reconocimiento a los aportes realizados al nuevo régimen de reparto y se realizaba de igual forma y metodología que para el cálculo de la PC. Se reconocía 0,85 % por año aportado al Estado desde que se puso en vigencia el nuevo régimen y ese porcentaje se aplicaba sobre el promedio actualizado de las remuneraciones de los últimos 10 años anteriores al cese.

En el régimen privado, el tercer componente podía tener una de las dos modalidades, a elección del beneficiario: Renta Vitalicia Previsional (RVP) o Retiro Programado (RP). En ambos casos, el haber que resultara de este componente dependía de los fondos que el trabajador había acumulado en su cuenta de capitalización individual. La RVP se contrataba a través de una compañía de seguros de retiro con todo el dinero acumulado en el fondo y mediante cálculos, se fijaba un monto mensual a cobrar por el beneficiario hasta su muerte.

El RP, en tanto, era abonado por las mismas AFJP y se fijaba con los fondos acumulados, un importe a cobrar por determinada cantidad de años en función de la expectativa de vida. Este componente del haber, el que surgía de los fondos acumulados por cada trabajador en las AFJP, es el que podía generar quitas por parte del Estado, como consecuencia de la reestructuración de la deuda. Si no había acuerdo, y en el peor de los casos, la reducción del fondo podría significar entre el 15 y 30 %. Pero no existían cifras exactas en esto ni señales definitivas respecto de cómo finalizaría esta novela.

Capítulo 6. En 2001, durante el gobierno de la Alianza y ante los crecientes déficits fiscales y la imposibilidad de obtener fondos del exterior para su financiamiento, el Estado convirtió, de manera compulsiva, los plazos fijos que las AFJP en Letes (Letras del Tesoro). De esta forma, el porcentaje en bonos del Estado representó más del 70% del total de la cartera.

Capítulo 7. A fines del 2001, el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, comenzó a reestructurar la deuda pública ante la posibilidad cierta de caer en “default”. Sólo pudo poner en marcha la primera parte del canje con los acreedores del país, entre los que se encontraban las AFJP, que canjearon bonos por préstamos garantizados, a través de la recaudación del Impuesto al Cheque, por 13.000 millones de dólares y 4.000 millones de pesos implicando una disminución de los intereses del 12 al 7 % y, además, las AFJP les ampliaron los plazos de pago al Estado.

Capítulo 8.  El 6 de enero de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde, a través de la salida de la Convertibilidad, devaluó asimétricamente el peso, decretando en febrero del mismo año la pesificación de los préstamos garantizados, entre otras medidas. A partir de entonces, los fondos de los aportantes a las AFJP, pasaron a valuarse a un valor equivalente a $ 1,40 más CER.

Capítulo 9. Todas las AFJP, excepto Nación AFJP, rechazaron esa pesificación que implicaba una nueva quita en los fondos e iniciaron demandas judiciales. A su vez, le propusieron al Gobierno volver a renegociar esos papeles a menores tasas y mayores plazos sin obtener respuesta alguna.

Capítulo 10.  En agosto de ese año, venció el plazo para que las AFJP aceptaran esa pesificación, por lo que el gobierno decidió hacer desaparecer esos préstamos garantizados en dólares que tenían las administradoras y que habían negociado en el primer canje de deuda, y devolverles los bonos originales, anteriores a esa negociación y que estaban en “default”. Son los que formaron parte de los papeles que ingresaron a la reestructuración de la deuda, cuya valuación quedó congelada a partir de ese momento razón por la cual no siguieron corriendo el CER ni los intereses, a excepción de los fondos de Nación AFJP, que aceptó la pesificación.

Capítulo 11. El Gobierno kirchnerista anunció los lineamientos de la reestructuración de la deuda (en la cual ingresaba más del 70 % de los afiliados a las AFJP), que implicó una quita entre 65 y el 75 % en el valor presente. De todas maneras, las AFJP aclararon que el valor del fondo no disminuirá en ese porcentaje, en razón de que ya se habían visto reducido con la pesificación (en los hechos, los fondos fueron pesificados, aunque la mayoría de las AFJP no lo aceptaron), por un lado, y por la forma de valuación, por otro lado. Además, en la propuesta del Gobierno existían dos formas de quita: disminuyendo el valor nominal del título (bonos de descuento con quita del 75 %) o bien ampliando plazos con una reducción sustancial de las tasas de interés (bonos Par). Las AFJP aceptarían estos últimos, por lo que no se vio reflejada la caída en el valor del fondo pero disminuiría la rentabilidad en el futuro.

La propuesta de quita en el pago de sus deudas por parte del Estado resultaba, sin lugar a dudas, exorbitante. La preocupación que generaba en los trabajadores que ahorraron durante varios años era totalmente aceptable. Sin embargo, no había que sentirse alarmado ni mucho menos interpretar en forma lineal que la jubilación que cada uno esperaba tener se iba a reducir en un 75 %.

1) Porque esta fue la propuesta inicial de reestructuración de deuda que el Gobierno hizo a los acreedores.

2) Porque la quita del 75 % se estableció en uno de los bonos con los que el Estado pensaba pagar sus deudas. Pero hubo otro bono, que se llamaba Par, en el cual no se establecieron quitas directas, sino que hubo una extensión demasiado larga en los plazos y una baja en las tasas. Los fondos de las AFJP eran inversiones de muy largo plazo, por lo que optaron por este bono.

3) Porque en el sistema previsional el haber estaba integrado por tres componentes (Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria y Prestación Adicional por Permanencia), y sólo uno de ellos fue afectado por los bonos en “default”.

Capítulo 12. La “reforma” kirchnerista. Demonizar a las AFJP fue el objetivo. Que “estafaron”, que “engañaron”, que sus directivos son “inútiles”, todas palabras que surgieron desde el ámbito del Gobierno kirchnerista. Mientras se colocaba en el centro de la escena, no ya en la decisión de “no” pagar la deuda del Estado con los futuros jubilados, sino como objetivo reformar el régimen previsional.

Es cierto que en diversas oportunidades las AFJP le prestaron al Estado a tasas demasiado altas. Como también es cierto que, en varios casos, tomaron papeles del Estado en forma “compulsiva” porque los Gobiernos así lo establecían. Pero los fondos de los trabajadores en las AFJP estaban, no había estafa, y en los casi diez años de vigencia del sistema se obtuvieron rentabilidades por encima de la prevista al comienzo (niveles anuales superiores al 10 %).

Más allá de eso, las señales fueron claras: al Gobierno kirchnerista no le gustaban las AFJP. Con los cambios, terminó haciéndolas desaparecer al dejarlas en un rol totalmente secundario, de manera que la mayoría de los ahorros de los trabajadores volvieron a estar en su totalidad en el Tesoro nacional, y no ya en las cuentas individuales de cada aportante.

Que el sistema vigente y la tarea de las AFJP eran perfectibles, no hay duda. Pero uno de los problemas fundamentales que se planteaba era la falta de cobertura por la gran cantidad de beneficiarios que no tendrían nada en el futuro al no realizar ningún tipo de aportes. Pero esas fueron cuestiones básicamente vinculadas con el desempleo, la evasión y el trabajo en negro.

También es bueno señalar, que una parte del incremento de la deuda argentina en los ’90 ha sido por los bonos emitidos para pagar a los jubilados los millonarios juicios acumulados por décadas que se hacían contra el Estado por incumplimiento de las prestaciones comprometidas. Las jubilaciones otorgadas como “regalos” políticos (el kirchnerismo jubiló a más de 2 millones de personas que no realizaron los aportes correspondientes), las de privilegio, el fomento de la industria del juicio son todas características que ha tenido el régimen de reparto en nuestro país.

Sus fondos se utilizaron para atender las necesidades del Tesoro nacional ante la imposibilidad de acceder al crédito externo, sistemáticamente para financiar el déficit público, aun cuando los aportantes eran más que los jubilados, y el dinero que ingresaba mensualmente a las cajas excedía las necesidades de pago. También fueron utilizados para financiar consumo, para el sostenimiento de empresas en crisis, entre otras cosas.

La gran transformación que parecía se produciría en 1994 con el cambio total de sistema, parecía estar llegando a su fin. Y lo paradójico del caso es que ese régimen finalizara, precisamente, en el lugar que quería abandonar: se había creado para independizar los ahorros de los trabajadores de la voracidad del Tesoro nacional.

Esto nos lleva a la realidad actual. Una realidad donde tenemos un sistema jubilatorio en profunda crisis, a punto de eclosionar. Porque todos nos damos cuenta y conocemos la realidad por la que están atravesando los jubilados. Ese es el sector al que hay que privilegiar porque han dedicado toda una vida para poder apoyar a la Argentina en sus esfuerzos hacia el crecimiento.

Capítulo 13. La reforma actual ¿El último capítulo? El Gobierno nacional decidió encarar uno de los temas más polémicos en la organización social a nivel global. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia social forman cada vez más un núcleo de peso en la organización económica de cada país, debido a los recursos que se necesitan para asegurarles una subsistencia digna.

La extensión de las expectativas de vida, la mejora de los estándares de convivencia y los impedimentos físicos o económicos de miles de personas configuran un cuadro difícil de atender para las arcas públicas. De allí, la necesidad de acudir a mayores impuestos o al endeudamiento para sostener el esquema asistencial.

El primer paso será cambiar la ley 26.417 que establece la movilidad automática, que se aplica dos veces al año desde 2009 y comprende a todas las prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Hasta ahora, el ajuste se produce a partir de una fórmula que combina la evolución de los recursos tributarios del Sipa y el índice general de salarios medido por el Indec. El actual sistema no preservaba el valor real de los haberes porque era procíclico y por eso en años en los que se aceleraba la inflación, las jubilaciones caían.

Desde que rige la movilidad, el poder adquisitivo de la jubilación mínima cayó en dos oportunidades: en 2014, cuando gobernaba el kirchnerismo, registró una baja real anual del 5,4 %. Y en 2016, ya con el Gobierno de Cambiemos, sufrió una caída del 6,4 %.

El segundo cambio que impulsa el Gobierno es ajustar las jubilaciones por inflación más un plus (ese “plus” no está determinado, aunque se habla de un promedio de los salarios acordados en paritarias) y garantizar haberes equivalentes al 82 % del salario mínimo, vital y móvil a quienes hayan de verdad aportado 30 años.  Esta nueva fórmula también se aplicará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El cambio de fórmula se impone por la derogación del artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias acordada con los gobernadores. Si no lo hacen, los haberes caerían muy fuerte en 2018. El ajuste no debería impactar en los beneficiarios del sistema previsional (de estos, 2 de cada 3 perciben haberes insignificantes) ni sobre las personas vulnerables o necesitadas de ayuda oficial.

El consenso requerirá del trabajo permanente para alcanzar los objetivos proclamados. Sólo así dejará atrás el fracaso de los pactos anteriores.

El tercer y último cambio, por ahora, será eliminar normas que establecen jubilaciones de privilegio.

En la Argentina, existen distintos regímenes jubilatorios que, en algunos casos, constituyen privilegios actuales en relación con la edad de retiro, los beneficios económicos que se otorgan por determinadas tareas o la excepcionalidad fijada en ciertas provincias a reglas generales. Estas jubilaciones altas que perciben 7.203 beneficiarios le demandarán en 2017 al Estado 9.500 millones de pesos. Ese dinero va a 11 expresidentes y vices, pero el 85 % del total es para las pensiones vitalicias de exjueces de la Corte y otros cargos judiciales, que no pagan Ganancias.

Es plausible que la administración de Mauricio Macri haya encarado este tema, que–en poco tiempo–provocará una difícil situación para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Las distorsiones deben ser corregidas. Quizá también, de modo paulatino, los privilegios de ciertos regímenes, como los de bancarios y de docentes, aunque deberán contemplarse situaciones en zonas desfavorables, entre otros elementos.

Sería justo que dentro de esas correcciones se incluyeran los beneficios excepcionales del personal de la Justicia, como así también los de la clase política, ya sea por sus funciones en el Poder Ejecutivo o en el Congreso de la Nación.

Lo que no puede considerarse como situación de privilegio es–en el corto plazo–el sistema de indexación de los haberes de los pasivos que cobran el mínimo. Dos de cada tres beneficiarios se hallan en esas condiciones. Una jubilación de 7.246,64 pesos, una pensión de 5.797,31 y la asignación universal por hijo (AUH) de 1.412 no pueden considerarse valores de privilegio, más aún con las necesidades de atención médica y de supervivencia que requieren las personas en esas situaciones.

El Gobierno nacional está obligado a encontrar una posición de equilibrio entre la necesaria corrección del déficit fiscal y la eliminación de los privilegios de ciertos sectores, que tendría que extenderse a los regímenes provinciales de jubilación. La tarea oficial debe ser más profunda que la de un simple recorte sobre haberes insostenibles para una vida digna.

Está todo dado para que este cambio sea aprobado antes de fin de año, para regir desde el primer trimestre de 2018.

pie-Dr-Valeriano-colque

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