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Los Moyano, en la cuenta regresiva – Por: Julio Blanck

Hace dos semanas la versión circuló con la fuerza de lo inminente: Hugo Moyano estaba en la lista de personas a detener por las andanzas delictivas de la barrabrava de Independiente y sus conexiones con la dirigencia del club que preside. Tan potente era el rumor que desde una oficina del Gobierno llamaron a la CGT para aclarar que ellos no tenían nada que ver, que era una cuestión de la Justicia. Pidieron que ese mensaje llegara a Moyano. No está claro si el aviso fue transmitido.

La resistencia a la llamada reforma laboral que la CGT acordó con el Gobierno estaba entonces a punto de caramelo. Moyano se mantenía en calma y su hijo Hugo fue uno de los abogados que intervino en la concreción de esos acuerdos. Pero otro hijo, Pablo,petardeaba al mismo tiempo cualquier cercanía con Macri. La encrucijada sumaba un factor corrosivo: la empresa de correo privado OCA, donde los Moyano tienen notorio interés y emplea a 7.000 afiliados camioneros, ya estaba al borde del abismo con una deuda fiscal superior a 3.000 millones de pesos por aportes previsionales no depositados, una clásica defraudación a los trabajadores antes que al Estado.

El jueves último el vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, fue detenido al igual que Roberto “El Polaco” Petrov, histórico custodio de Moyano y nexo original entre el camionero y la barrabrava. También cayó otra docena de sujetos que integran ese grupo violento. Nakis está acusado de apañar y hacer negocios sucios con los barras. Petrov recibió a tiros a la brigada que lo fue a detener hiriendo a dos policías. Moyano no estuvo en esa lista. Al parecer, alguien lo sacó de la ganchera justo a tiempo.

Hace menos de un mes, un empresario amigo de Macri que tiene trato habitual con Moyano había sido portador de un mensaje presidencial: cuídalo a Pablo que puede tener problemas con la Justicia, advirtió por encargo. El episodio, que involucra al más turbulento de los hijos de Moyano, se contó hace dos semanas en esta columna.

Ahora se conoce algo más. La respuesta que Moyano le envió al Presidente llevó su sello de origen: Decile a Macri que si yo tuviera la píldora que él le dio a su papá para controlarlo, te aseguro que se la daría a Pablo. Pero no la tengo.

 

Pablo Moyano, que conduce al gremio camionero en el día a día, respondió a las acechanzas en su contra tramitándose un lugar en el corralito donde un puñado de privilegiados saluda cada miércoles -por un par de minutos o menos- al papa Francisco. Fue a cielo abierto, en la Plaza San Pedro, durante la audiencia pública. A eso se le puede llamar colgarse de la sotana del Papa.

Al Papa, dicen sus amigos en Buenos Aires, la jugada para usarlo como escudo protector le gustó poco y nada. Pero Pablo es audaz y su amigo kirchnerista Gustavo Vera le hace el aguante jugando en tándem con el cardenal Marcelo Sánchez Sorondo. Así se inventó la supuesta audiencia privada con el Papa en la que Pablo habría recibido apoyo para oponerse a la reforma laboral. Algunos lo creyeron.

Fuentes sindicales aseguran que en esos días Moyano reunió a sus hijos para analizar la espinosa situación planteada. Cuentan que el cónclave familiar fue áspero y que Pablo no escuchó razones. De ese brete salió haciendo declaraciones sonoras: habló de que su padre o él podían ser detenidos y dijo: “Sería un orgullo caer en cana con un gobierno tan gorila”.

De inmediato recibió el apoyo vía Twitter de Cristina Kirchner. Allí empezó una operación ultra K para amalgamar una alianza con el hijo de Moyano y armar así un frente opositor al Gobierno con espesor propio en el universo sindical. Más allá de las fieles formaciones tradicionales de docentes y estatales, lo más firme que tienen en ese terreno es el gremio bancario que lidera el radical Sergio Palazzo.

Moyano padre se preocupa porque su hijo escapa del control parental. Pero a la vez le da mucho juego. Pablo maneja el día a día del gremio camionero. Y va como candidato a vicepresidente 1° en la lista con que Hugo se postula para la reelección en Independiente. Ese lugar lo tenía el ahora detenido Noray Nakis. La fórmula Moyano-Moyano va a competir el 17 de este mes. Tiene altísima posibilidad de triunfo. Como primer vocal llevan al bancario Palazzo. Pura pasión futbolera.

 

Cristian Ritondo había ocupado el lugar que ahora es de Palazzo en la lista con la que Moyano llegó a presidente en 2014. Renunció al cargo cuando María Eugenia Vidal lo nombró ministro de Seguridad bonaerense en diciembre de 2015. Fue su ministerio, a través de la APreViDe, el organismo que combate la violencia deportiva, el que hace seis meses denunció a los barras y dirigentes de Independiente asociados en actividades ilegales. Todo el tiempo actuó con pleno respaldo de la gobernadora Vidal, que enmarca esta acción en su campaña contra las mafias de todo pelaje.

Cuando fueron detenidos Noray Nakis y la docena de barrabravas, Ritondo elogió la colaboración prestada por el club. Lo sacó a Moyano de la hoguera. Lo cierto es que Independiente facilitó datos del padrón de socios y filmaciones de sus cámaras de seguridad que ayudaron a identificar a los barras involucrados. Las escuchas telefónicas hicieron el resto.

Moyano había apartado hacía tiempo a Nakis de la gestión en el club, disgustado por su modo de relacionarse con los barras y con empresarios siempre listos a acercar jugadores para sumar al plantel. Hay quienes dicen que Nakis se alejó solo. “Desde que murió Julio Grondona no apareció más por una reunión de Comisión Directiva”, apuntan.

También señalan que “El Polaco” Petrov había caído en desgracia con Moyano, quien le había encomendado relacionarse con los barras para tener información y control sobre sus actividades. Pero el tipo terminó pasándose para el otro lado. Ya lo dijo Perón: la víscera más sensible del hombre es el bolsillo.

El andamiaje de los barras empezó a derrumbarse el 27 de octubre, cuando fue detenido Pablo “Bebote” Alvarez, líder de la banda, acusado de extorsión al director técnico Ariel Holan. Lo denunció la APreViDe y lo puso preso el juez provincial Luis Carzoglio.

Cuando se anunciaron las detenciones estaban presentes Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Macri, y al secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman. Los dos son hinchas de Independiente.

Bullrich juega un partido en cancha más grande. El Gobierno no circunscribe a la Provincia su ofensiva contra los delincuentes disfrazados de hinchas. A mediados de año Macri le habría impartido una instrucción concreta a su amigo, el jefe de la inteligencia estatal Gustavo Arribas. La AFI empezó a trabajar activamente en auxilio –más bien en impulso- de las investigaciones judiciales contra las organizaciones delictivas en el futbol.

Además, la ministra Bullrich colocó a Moyano hijo en la mira. Tela para cortar no le falta: fuentes sindicales y políticas coinciden en que Pablo tiene demasiados flancos vulnerables, vinculados tanto al manejo gremial como al del futbol.

 

Esto resulta funcional al objetivo de poner en caja a los Moyano. El propósito oficial no es sólo destrabar los cambios laborales, que el Senado peronista se resiste a aprobar en este clima beligerante. La intención profunda de Macri es llevar a los camioneros a firmar claúsulas de productividad, similares a las de otros grandes gremios, para bajar los costos empresarios y alentar las inversiones.

Macri considera que eso podría suponer ahorros públicos y privados superiores a los 2.000 millones de dólares por año en el estratégico sector de logística. No es una pelea que vaya a resignar fácilmente.

La batalla por OCA puede ser un punto de inflexión en este proceso. El jueves próximo vence su licencia para operar como correo privado y el Gobierno está decidido a no renovársela sin el aval de la AFIP, por el pago o el acuerdo de pago de la enorme deuda fiscal.

El miércoles los Moyano consiguieron que una sala de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora les abriera una ventana cuando todo se les hacía irrespirable. Le ordenaron a un juez, que se había declarado incompetente, que les diera la posibilidad de presentarse en concurso de acreedores y buscar así un acuerdo con la AFIP.

 

El Gobierno ve la mano del kirchnerismo en esa jugada. Lomas de Zamora es territorio político del ex vicegobernador Gabriel Mariotto y por allí también operó Julián Alvarez, cuadro de La Cámpora que manejó el Ministerio de Justicia. La visión conspirativa puede tener lógica si se mira desde la necesidad urgente de Cristina de sumar aliados de peso.

El Presidente no quiere que la módica reforma laboral se hunda hasta después del verano. El camionero necesita salvar a OCA porque detrás de esa caída puede empezar a derrumbarse su edificio gremial. Quizás a último momento un interlocutor providencial o una martingala política eviten la crisis.

Pero el país que piensa Macri no tolera los condicionamientos de un poder sindical como el que expresa Moyano.

Tarde o temprano esa contradicción se tendrá que resolver.

Fuente: Clarín

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