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La ingenuidad política del gobierno de Macri – Por: Valeriano Colque

Resulta paradójico, pero algunos de los valorables esfuerzos que hace el Gobierno nacional para superar inconvenientes y encontrar nuevas maneras de aliviar el peso de la crisis terminan chocando contra sus propias equivocaciones. Con ironía, podría decirse que a esta altura muchos errores cometidos tal vez obedezcan a un problema vocacional.

Ya se sabe que la ingenuidad política es un escudo del macrismo a prueba de balas. El papelón en torno del feriado del 24 de marzo, el confuso esquema de Precios Transparentes, el acuerdo por la deuda de la empresa residual Correo Argentino SA con el Estado y el cambio por decreto del aumento a los jubilados son perlas de un largo rosario de errores, cuyo símbolo más distintivo es la falta de una comunicación clara y transparente para con la sociedad cuando se toman las decisiones. En todos los casos, el Gobierno debió dar marcha atrás.

Marcos Peña y su equipo tendrían que saber que el 40 % de la población carece de conexión directa a internet, por lo que los hechos transmitidos vía Facebook e Instagram son insuficientes.

Además, los errores no forzados en política alientan a la oposición, en especial al kirchnerismo, cuyas críticas parecen ignorar la realidad que se vivía sólo 15 meses atrás.

Un botón de muestra: los exfuncionarios de Cristina Fernández se quejan de que no se aplicó una actualización de la deuda de la empresa de Franco Macri, cuando ese sector negaba la inflación (Cristina Fernández no incluyó esa palabra en discursos oficiales), a la vez que mantuvo las reglas de la convertibilidad–sancionada por Domingo Cavallo–que establecían que los balances y contratos no se podían actualizar por inflación. Había que acudir a la Justicia para aplicar el ajuste por inflación. Hoy, el discurso es otro. Increíble.

Un problema asociado al esquema actual de movilidad jubilatoria debería tenerse en cuenta: la inestabilidad en el poder adquisitivo de las jubilaciones cuando la inflación es inestable.

El poder adquisitivo de los jubilados se reduce cuando la inflación se acelera (la mayor inflación tarda en llegar a la actualización jubilatoria), y se incrementa cuando la inflación desacelera (mientras las jubilaciones continúan actualizándose a los valores previos).

Estas distorsiones se hacen insignificantes sólo bajando drásticamente la inflación o aumentando la cantidad de actualizaciones por año.

El gobierno de Macri ha tenido desde el inicio pocas balas. No puede perderlas por impericia. Ni dejar de usarlas. En el “gran relato argentino” no importa que Macri aumente las jubilaciones según la inflación–como hacía Cristina–y que, además, pague los reajustes que el kirchnerismo nunca les reconoció a los jubilados por la inflación 2002-2009 y que originaron más de 260 mil juicios.

Él igual va a ser siempre la derecha ortodoxa, salvaje y neoliberal. No importa lo que haga, en ese campo siempre va a perder.

En cambio, corre el riesgo de no acabar de enmendar nunca los desórdenes estructurales que dejaron muchos años de populismos, de ejercicio del poder sin límite o sea de manera autoritaria y de falsos redentores.

Cuándo va a reaccionar la economía. Más allá de las ideas y vueltas de la política, la gente se pregunta cuándo va a reaccionar la economía. Para la sociedad, ese interrogante tiene implícito el tema de cuándo se va a recuperar el consumo. Difícil.

Las consultoras prevén una mejora de entre 2 y 3,5 % este año. Esa mejora no alcanzará para recuperar la pérdida registrada en 2016: las ventas por unidad de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza cayeron 4,7 %, según la medición de CCR.

El empleo formal para los sectores medios no se recuperará al ritmo esperado porque las inversiones privadas tardan en concretarse y las exportaciones industriales carecen de competitividad. Los “brotes verdes” están en el campo y en la obra pública.

La puerta de ingreso al empleo público se cerró en el Estado nacional y en la mayoría de las administraciones. En el período 2012-16, se creó un puesto privado por cada cuatro en el sector público, recordó el centro de estudios Idesa.

Para colmo, se vienen las paritarias. Los gremios acumularon la convicción de que la gestión de Mauricio Macri quiere una disminución del salario real para bajar los costos de la economía. De allí la meta del 18 %, que rápidamente copiaron provincias y municipios. Sucede que los otros costos no bajaron, sino que se incrementaron.

Los impuestos provinciales y municipales registran incrementos de entre 35 y 40 %; es decir, duplican la cifra que el Gobierno intenta imponer en las paritarias.

Es el cliente bancario o el contribuyente el que paga los sobrecostos que tiene la economía. Difícil solucionarlo en un año electoral. Así, la recuperación del consumo será tibia.

¿Habrá que esperar a después de octubre?

Mayor esfuerzo en los aciertos y corregir errores. El índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó 1,3 % en enero, con un acumulado de 8 % para el último semestre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si se proyecta la suba de los últimos seis meses a un año, la inflación anual rondaría el 17 %, que es el objetivo que se fijaron el Poder Ejecutivo y el Banco Central.

Los funcionarios del ente monetario, sin embargo, recibieron con cautela los datos y a través de su titular, Federico Sturzenegger, sostuvieron que “la pelea contra la inflación recién comienza”.

La contención de la disparada de precios que se había registrado en el primer semestre de 2016, por la devaluación y el sinceramiento de algunas variables, es un logro meritorio. En los últimos años de la gestión anterior, se había registrado una escalada inflacionaria que amenazaba con mantenerse en ascenso incontrolable.

Más allá de este éxito parcial, como lo señala el Banco Central, aún resta mucho por hacer para desterrar la cultura inflacionaria, luego de largos períodos en las que la suba de precios fue persistente.

La disminución de la presión impositiva será una de las cuestiones por considerar, ya que la mayor carga que generan el Estado nacional, las provincias y los municipios se traslada a los valores de bienes y servicios. Y hay una fuerte presión de los precios de la energía, los combustibles y el gas natural, que son insumos imprescindibles de la cadena de producción.

El aliento a una mayor competencia es otro de los factores sobre los que deberá 
trabajar la actual administración. El 
kirchnerismo concentró su política en la fijación de precios arbitrarios, que provocaron una caída en la producción nacional, con el riesgo de haber desembocado, en el mediano plazo, en desabastecimiento y caos económico.

El objetivo de la gestión del presidente Mauricio Macri tuvo un tropiezo inesperado con la confusa aplicación del esquema de Precios Transparentes. El intento de diferenciar el pago al contado del de en cuotas retrajo la reacción del consumo, basada en el financiamiento. El derecho de los consumidores a contar con información para decidir el pago de una sola vez o en cuotas chocó con la puja entre comerciantes y tarjetas de crédito, en su mayoría controladas por los bancos, sobre cuál es el costo real del crédito.

Dentro del costo financiero total (CFT) que deben informar las tarjetas de crédito, se incluyen también gastos abultados por parte de las emisoras y de las entidades financieras, que ahora deben ser transparentados.

El Gobierno nacional debe ahondar sus esfuerzos en los aciertos y corregir los errores, que provocaron un efecto contrario al buscado, con una caída en el consumo.

pie-Dr-Valeriano-colque

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